INTRODUCCIÓN
Colombia, desde el año 1993, con la promulgación de la ley 100, cuenta con la reforma estructural más grande que en salud se haya dado al abordar un modelo de prestación de servicios de salud basado en el aseguramiento de los mismos.
Los procesos de reforma del sistema de salud no se definen por un cambio en las políticas, exclusivamente, sino por cambios estructurales y organizativos que redireccionen los incentivos existentes hacia la consecución de las metas de salud y económicas planteadas. Independientemente de consideraciones generales, cada entorno debe buscar respuestas a preguntas concretas y, por tanto difícilmente generalizables. Los problemas de financiación, falta de eficiencia o los derivados de solventar inequidades o problemas de acceso, responden a un análisis de los problemas existentes en función de, en primer lugar, qué objetivos políticos macro se plantea un sistema de salud.
Por otro lado, el “mercado” de los servicios de salud presenta algunas imperfecciones derivadas, en gran parte de la famosa trilogía de “el que decide ni paga ni consume, el que consume ni paga ni decide y el que paga ni consume ni decide”. En este entorno, mucho más evidente en los sistemas sanitarios públicos, los precios de los servicios pueden perder su valor como indicador de la eficiencia del sistema y la competencia en torno a esta variable, por parte de la oferta (médicos) y la demanda (consumidores), tiende a ser prácticamente inexistente.
Cuando las decisiones de la oferta sobre la asignación de recursos en el sistema están exentas de cualquier responsabilidad financiera y el consumidor accede a los servicios a precio cero, es muy improbable que las decisiones de uno u otro agente tengan en cuenta el precio de los servicios que deciden indicar o van a consumir (Medici AC, 1997).
En esta situación parece lógico que el que paga intente incorporar mecanismos en el mercado capaces de generar incentivos claros sobre los que deciden y sobre los que consumen con la finalidad de trasladar parcial o totalmente el riesgo financiero de las decisiones de asignación o consumo de recurso.